¿De que hablás?

Los reyes católicos fueron representantes fieles del gobierno político estructurado bajo nociones plenamente modernas. Nociones tan evidentemente modernas que nosotros, lectores que muchos años después nos reimos de que pudieran existir una pareja de reyes cuyos nombres eran Felipe el Hermoso y Juana la Loca, reconocemos las estrategias de estos reyes y las reflexiones que las subyacen como conductas plenamente actuales y que nos son familiares al ver la actualidad de nuestros gobiernos republicanos.
Esto sucede en los años que transcurren entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, en Castilla, principal bastión político y económico de la España imperialista (ya se abría el comercio con América).
Los reyes para poder introducir modificaciones en la gestión de Castilla, debían asegurarse la fidelidad de los distintos organismos administrativos. Eso implicaba debilitar al alto clero (curas de la iglesia católica que hacía las veces de administradores de tierra, de justicia y militares). ¿Cómo lograr esa fidelidad? Exigieron al Papa el derecho a la supervisión del nombramiento de los obispos. Luego de muchos debates y pujas de poder, los monarcas prácticamente consentían la designación de todos los curas.
Empezaron a establecer criterios para esos nombramientos: La alta nobleza, hombres que poseían la tercera parte de la renta total del país, además de gozar de los impuestos a los campesinos que labraban sus tierras y de otros fueros nobles, estaban directamente vinculados al alto clero. Entonces los reyes comenzaron a elegir personajes para esos cargos que provinieran de la clase media, letrados recibidos del colegio mayor.
De esa forma se aseguraban una mayor independencia del clero y una menos influencia política de la nobleza, que a la larga entorpecía la gestión del Estado español.
¿Eso quiere decir que la nobleza empezaba a perder su poder económico y social? Para nada, siguieron gozando del status que detentaban desde antaño.
Pero sí su influencia política y social se vio minimizada a gran escala. Es decir, su participación en el Estado y su intromisión en la formación de la opinión pública se volvió casi nula: El consejo Real de 1480 solo tenía tres nobles en su composición, junto a ocho o nueve letrados y miembros de otros sectores sociales.
Ahora el alto clero, carente de vínculos con la alta nobleza que pretendía proteger a cualquier precio sus beneficios, lejos de ser una amenaza para el funcionamiento del Estado constituía un órgano al servicio del mismo.
Aquellos letrados de clase media y la nobleza baja que se vieron favorecidos por esta política de los monarcas pudieron ascender en la escala social.

Seguro se preguntan de que carajo estoy hablando y que tiene que ver con la actualidad. No juzguemos tan rápidamente: Estos reyes no debilitaron en modo alguno la estructura feudal, ni quitaron los beneficios a los nobles. Pensar que los reyes eran antinobiliarios o antifeudales es totalmente incierto. Solo buscaban mayor independencia para gestionar el gobierno de su país.

Lo mismo sucede con nuestro gobierno, sí, el de los Kirchner, siglo XXI. No son antiburgueses, ni atentan contra la lógica capitalista, pero si son antioligárquicos: pretenden desterrar del poder político a esa minoría que detenta el poder económico en Argentina. Pero de ninguna manera constituyen una traba para la formación de empresas, la introducción de financiamiento privado o la posesión privada de fábricas argentinas, ni si quiera estan exentos ellos mismos de vínculos económicos.
Es esta la lógica que sustenta la ley de medios de radio difusión: terminar con los monopolios directamente ligados a aquellos grupos de presión que de ninguna manera presentan opiniones independientes, ni representan la voz del pueblo. Es también una forma de incrementar su propio poder de control. Pero bajo ningún pretexto esto acalla la voz del pueblo.

El pensamiento de la oligarquía no es nunca la reflexión de los ciudadanos, el interés de aquella minoría no se empalma con el interés de la gente común.
Es el pueblo el que debe debatir con el gobierno, no hay derecho para que exista ese otro tercer poder, ¿Además de la gran posición económica y explotadora que detentan pretenden hacer escuchar su voz en los asuntos políticos?
Veamos esta ley como lo que es: una estrategia del Gobierno para aumentar su poder en detrimento de esa gran oligarquía. Pero no confundamos, si TN desaparece, si CLARÍN desaparece, si Radio Mitre desaparece, el pueblo no va a perder su voz, su representación, porque no puede perder algo que nunca tuvo.
Rabieta